Un faltante masivo de medicación controlada en la Unidad de Terapia Intensiva puso en alerta a las autoridades; el caso osciló entre la Justicia provincial y la federal antes de volver a la fiscalía capitalina.
El Ministerio Público Fiscal de Rawson investiga una denuncia por el presunto robo de 213 ampollas de fentanilo y 20 de propofol en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital «Santa Teresita». El faltante fue descubierto por el propio personal del nosocomio, que en abril de este año entregó un sobre en la Oficina Judicial con el detalle de las «irregularidades»: en esa área faltaban 200 ampollas de fentanilo y otras 13 cuya ausencia no estaba justificada, además del propofol. Por la gravedad institucional del episodio, quienes realizaron la denuncia pidieron ser «testigo protegido».
El dato había surgido tras una reunión institucional celebrada en septiembre de 2025, en la que hasta se mencionó el nombre de un empleado como posible sospechoso.
En un dictamen de mayo destinado a definir cómo proceder, la Fiscalía habló de «un faltante significativo de medicación controlada» con acceso muy restringido. La magnitud era tal que no podía considerarse un error administrativo, un desvío menor ni una hipótesis de consumo individual. «Es un indicio claro de desviación de sustancias desde el circuito legal hospitalario hacia un destino ilegítimo», presumía.
Como el fentanilo es una sustancia considerada estupefaciente y sujeta a tráfico, el dictamen estimó que se trataba de una posible violación a la Ley de Drogas 23.737, es decir, un delito federal. En cuanto al propofol, sostuvo que es «una sustancia de uso médico estrictamente controlado, cuya sustracción y eventual desvío refuerzan un contexto de irregularidad y posible inserción en circuitos ilícitos».
Con estos argumentos y a pedido de la fiscalía local, la jueza Karina Breckle se declaró incompetente y remitió el expediente a la Justicia Federal. Sin embargo, el mismo mes el fiscal federal Fernando Gélvez rechazó esa incompetencia: explicó que antes de enviar la causa al fuero federal debía realizarse una investigación previa mínima para determinar qué había ocurrido y su calificación legal. Eso implicaba tomar declaración a la denunciante y a las personas que menciona, pedir al hospital informes y documentación sobre los registros de ingreso y egreso de la medicación controlada, obtener y peritar fotos, y adoptar medidas similares.
En ese momento, las únicas constancias disponibles eran la denuncia policial y el dictamen de incompetencia. «No puede trasladarse automáticamente a la justicia federal una investigación que la justicia provincial declinó sin realizar ninguna pesquisa», advirtió Gélvez.
Según el dictamen de la Fiscalía federal, «quitar los medicamentos del hospital y el no haber sido denunciado por empleados y/o funcionarios públicos provinciales implicarían presuntos delitos de competencia provincial como hurto, encubrimiento o administración fraudulenta». Gélvez le pidió al juez Gustavo Lleral devolver las actuaciones a la Justicia Provincial, cosa que ocurrió. Al cierre de esta edición no hubo respuesta sobre si, tras la devolución del caso, la Fiscalía capitalina activó alguna medida de investigación.
El fentanilo es un potente analgésico utilizado en las anestesias de cirugía, muy adictivo y con múltiples antecedentes de venta ilegal. El propofol, en tanto, es un anestésico general de acción muy rápida.
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