La Fiscalía aseguró que la mujer actuó con “frialdad” tras el crimen y advirtió sobre el riesgo de que pueda influir en testigos de la comunidad. La defensa sostiene que existía un contexto de violencia de género.
Mónica Morales, la enfermera acusada de asesinar de un disparo en la cabeza a su esposo Lázaro Calfumán en la localidad de Tecka, continuará detenida con prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.
Durante la audiencia, el fiscal de Esquel, Fidel González, reveló que luego del crimen la mujer le envió a su propio hijo una fotografía del cuerpo sin vida de la víctima, hecho que la acusación consideró “impactante” y una muestra de la actitud de la imputada tras el homicidio.
La defensa particular solicitó la libertad de Morales o, en su defecto, el beneficio de prisión domiciliaria. Para respaldar el pedido, presentó un informe socioambiental que destaca su arraigo en la comunidad, sus 21 años de trabajo en el hospital rural y la inexistencia de riesgos procesales. Además, argumentó que la prisión preventiva afecta económicamente al grupo familiar y representa una “revictimización institucional”, al sostener que la mujer atravesaba una situación de violencia de género crónica.
Sin embargo, la Fiscalía insistió en que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por tratarse de una comunidad pequeña como Tecka, donde existen vínculos cercanos entre la imputada y posibles testigos. Según indicaron, aún quedan entrevistas pendientes y algunas personas tendrían relación familiar o dependencia económica con Morales.
El fiscal también remarcó la gravedad del caso y recordó que la acusación es por homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla prisión perpetua.
Entre los elementos incorporados a la causa, la acusación mencionó testimonios que describen episodios de violencia previos al crimen. Una de las declaraciones sostiene que días antes Morales habría colocado un cuchillo en el cuello de su pareja mientras discutían por una supuesta infidelidad. También se incorporaron relatos sobre amenazas y un episodio en el que habría intentado romper una puerta o ventana de su vivienda con un hacha en medio de un ataque de furia.
La Fiscalía sostuvo además que no existen pruebas que indiquen que la mujer actuó en legítima defensa. Según detallaron, no presentaba lesiones, no se registraron signos de pelea previa y tampoco existían denuncias anteriores por violencia de género. Incluso, tras entrevistar a personal del hospital, de la Comisaría de la Mujer y referentes religiosos vinculados a la familia, no encontraron antecedentes ni registros sobre situaciones de violencia durante los 26 años de relación.
La jueza que interviene en la causa resolvió mantener la prisión preventiva al considerar que existen elementos suficientes para sostener la autoría y que persisten riesgos procesales. No obstante, aclaró que el caso será analizado con perspectiva de género y reconoció como una “hipótesis seria” la versión de la defensa sobre un posible contexto de violencia sostenida.
Finalmente, señaló que esa situación deberá probarse durante el proceso judicial y que, mientras tanto, no elimina la necesidad de garantizar el avance de la investigación.
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