El acusado buscó ampliar una suspensión de juicio a prueba para cerrar una de las causas, pero Fiscalía se opuso por la existencia de múltiples hechos similares y pidió unificar todos los expedientes para avanzar hacia una condena.
Oriel Alexander José Gardini, imputado por el robo de al menos cuatro vehículos y otros hechos vinculados, intentó evitar llegar a juicio mediante una ampliación del beneficio de suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, la Fiscalía rechazó el pedido y solicitó que todas las causas sean acumuladas para avanzar hacia un debate oral y público.
La audiencia se realizó este viernes en la Oficina Judicial de Trelew. El defensor público pidió extender por seis meses las condiciones de una probation que Gardini ya tenía vigente por dos años desde marzo de este año, argumentando que se cumplían los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal.
Además, ofreció una reparación económica de 40 mil pesos como compensación simbólica para una de las víctimas.
No obstante, el fiscal general jefe Omar Rodríguez, acompañado por la abogada de Fiscalía María Samaniego, se opuso al planteo. Sostuvo que la decisión debía analizarse dentro de criterios razonables de política criminal y remarcó que el imputado acumula varias investigaciones abiertas por hechos similares.
Según expuso el Ministerio Público Fiscal, Gardini está involucrado en distintos episodios relacionados con la sustracción de vehículos estacionados en la vía pública, algunos consumados y otros en grado de tentativa. También posee una causa por encubrimiento vinculada a la recepción de automotores.
Entre los antecedentes mencionados figuran un robo doblemente agravado ocurrido el 13 de junio de 2025, otro robo agravado registrado el 2 de febrero de 2026, una investigación abierta el 17 de marzo de este año y otro hecho ocurrido el 28 de mayo que aún permanece en etapa preliminar.
Rodríguez señaló además que este tipo de delitos suelen estar asociados posteriormente a hechos más graves, mediante el uso de vehículos robados y documentación adulterada.
Por ese motivo, la Fiscalía anticipó que buscará reunir todos los expedientes para llevar adelante un único proceso judicial que podría resolverse mediante juicio oral y público o a través de un juicio abreviado que determine una eventual condena.
Finalmente, la jueza Ivana González consideró válidos los argumentos del Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de ampliación de la suspensión de juicio a prueba. La defensa tendrá cinco días hábiles para impugnar la resolución; de lo contrario, el imputado deberá continuar sometido al proceso judicial.
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